Minorías

El 26 de Septiembre de 1867 durante el gobierno de Nicasio Oroño se dicta en Santa Fe la Ley de Matrimonio Civil. Para que el mismo tuviera validez ante el estado era imprescindible el ejercicio de jueces de paz o autoridades municipales, con testigos civiles. La ceremonia religiosa debía ser posterior.
Escriben Emma Wolf y Cristina Patriarca en “La Gran Inmigración”, refiriéndose a los inmigrantes de Santa Fe, que “el proceso de asimilación fue lento porque se empecinaron en preservar su espíritu, dialecto y costumbres. En este aspecto los colonos de San Jerónimo fueron especialmente cerrados, lo que les valió un atraso de años con respecto a los demás. Cuando el liberal Nicasio Oroño decretó el matrimonio civil en la provincia con el propósito de solucionar el problema de las parejas mixtas de católicos y protestantes, los valesanos de San Jerónimo organizaron una expedición armada en su contra porque entendieron que la medida era “impía” y atentaba contra los principios religiosos. Con el mismo ardor se opusieron al paso del ferrocarril”.
El gobernador también fue condenado por el clero y el gobierno central. El Monseñor José María Gelabert y Crespo, titular de la Diócesis, lo amenazó con la excomunión. El asesor del gobierno nacional, Dalmacio Vélez Sarsfield, condenó la norma alegando que era “un golpe a las costumbres, a la moral y a la religión de los habitantes de la provincia”. Nicasio Oroño fue un pionero, porque recién el 12 de noviembre de 1889 se sancionó la ley nacional de matrimonio civil.
Como miembro de una minoría religiosa seguí de cerca el proceso de modificación de la ley de matrimonio civil para incluir a las personas del mismo sexo. Observé las reacciones y argumentos que los ciudadanos mostraban desde los medios; sentí inquietud por las actitudes de los grupos religiosos. Percibí violencia en la mayoría de los testimonios, me alarmó el nivel de ignorancia expresado en los diversos alegatos y me sorprendió como se sumaban a una evidente oposición, más política que filosófica.
Desde una perspectiva biológica, la homosexualidad no es una conducta natural como tampoco lo es el celibato. Desde lo religioso es considerado pecado, así como lo es el adulterio. La realidad muestra que la mayoría de los homosexuales provienen de hogares heterosexuales. Hay suficiente evidencia científica para establecer como una de las condiciones subyacentes a la elección homosexual, el abuso sexual en la infancia. Llamativamente no se organizaron en nuestro país grupos ecuménicos para exigir leyes más estrictas e infraestructuras más efectivas que castiguen y prevengan el abuso sexual de niños y niñas, entre cuyas formas se encuentra la pedofilia por parte de religiosos.
Si bien cuestiono que se denomine matrimonio y creo más adecuado el término unión igualitaria, el hecho que un país sancione una ley que proteja los derechos civiles de las minorías hace que me sienta seguro. Los que pertenecemos a una minoría religiosa, que pretendemos excepciones ante las características diferentes de nuestro culto, debemos ver que este hecho garantiza la condición de igualdad ante la ley. El imperativo moral de llamar al pecado por su nombre es individual, no concede ser jueces de los demás ni admite la oposición política, sino la vida ejemplar, la conducta intachable y coherente en todos los ámbitos de la existencia y la disposición al servicio del prójimo aunque no compartamos hábitos ni filosofías.